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La Diputación recurre el archivo para que siga la instrucción del caso Ceder

Presenta una alegación ante el juzgado, que lo había cerrado por considerarlo prescrito

Los servicios jurídicos de la Diputación de Alicante tramitan un recurso contra el archivo del denominado caso Ceder, cuyo cierre acordó recientemente la juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Alcoy, al considerarlo prescrito, como informó ayer este diario. La medida se producía 13 años después de la presentación de la denuncia, sobre unos hechos ocurridos entre 1993 y 1995.

La última palabra del caso Ceder, pues, aún está por escribir. La Diputación ha decidido recurrir el auto de archivo publicado por la juez de Alcoy, al considerar que se debe seguir investigando los hechos por entender que no han prescrito, según ha podido saber esrte diario. Las fuentes consultadas, sin embargo, han resaltado que la decisión de la jueza estaba amparada en un informe favorable de la Fiscalía muy concluyente, por lo que confían en que tanto la magistrada como posteriormente la Audiencia Provincial refrenden la resolución.

El caso Ceder provocó ríos de tinta sobre todo en 2002, después de que España tuviese que devolver 1 millón de euros (en realidad, 170 millones de pesetas de la época) a la UE por irregularidades detectadas en la gestión de sus ayudas al desarrollo rural. El que fue primer plan rural de la UE se ejecutó también en la zona, a través de un Ceder que gestionaron José Marset, alcalde de Cocentaina; Marcos Llorens, concejal; y Jaume Pascual, que era el secretario.

El Ceder se desarrolló entre 1993 y 1995, pero años más tarde la UE detectó irregularidades y pidió el reembolso de la cantidad citada; los responsables del Ceder recurrieron a la Audiencia Nacional, que ratificó la postura europea y obligó a España a devolver el dinero. Los avalistas, que eran la Caja de Ahorros del Mediterráneo, el Banco de Alicante y la Diputación, tuvieron que asumir solidariamente el pago.

Entre una gran tormenta política, la Diputación -bajo la tutela de Julio de España y Miguel Peralta- trasladó el asunto a los juzgados, que abrieron diligencias y provocó la imputación de los tres referidos y varios alcaldes de pequeñas poblaciones que integraban el consejo rector, por un presunto delito de malversación de caudales públicos.

Tras 13 años de instrucción, la jueza ha decretado el archivo al entender, con el aval de la Fiscalía, que los hechos han prescrito, pero, al final, la Audiencia Provincial tendrá la última palabra.

M.Candela  www.diarioinformacion.com


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