Unos 2.000 alcaldes de todas las fuerzas políticas, salvo el PP, exigieron este pasado fin de semana en Madrid la retirada de la reforma local que el Ejecutivo pretende que entre en vigor el próximo 1 de enero, al entender que «amputa» la autonomía local y dejará a los ciudadanos sin prestaciones básicas. El primer edil de Muro, Rafael Climent, forma parte de la comisión de trabajo que se encargará de coordinar las acciones que se lleven a cabo en contra de esta normativa.
¿Qué opinión le merece la reforma que está preparando el Gobierno del PP?
Vamos a presentar una enmienda a la totalidad, dado que tal y como se plantea hundirá por completo al municipalismo. Vamos a perder la autonomía local, nos quitarán las pocas competencias que nos quedaban y muchos ayuntamientos, sobre todo los más pequeños, pasarán a manos de las diputaciones.
¿En qué repercutirá esta nueva normativa en el día a día de los ciudadanos?
Si nos quitan competencias y pasan a las diputaciones o a la Generalitat, los ciudadanos cada vez tendrán más lejos la solución a sus problemas. Los servicios, en consecuencia, serán de peor calidad y se acabará con la atención más personalizada y la proximidad que ofrecen los ayuntamientos.
Exponga algunos ejemplos.
Tal y como se está planteando la reforma, los servicios sociales pasarán a depender directamente de la Conselleria, y eso en un momento en que los ayuntamientos están haciendo frente con sus propios recursos a las ayudas a los más necesitados, debido precisamente a la falta de financiación y a la caída de las subvenciones procedentes de la Generalitat. También el mantenimiento de los edificios escolares dejará de ser competencia municipal.
¿Qué objetivo opina que se está buscando con esta medida?
Considero que hay una intencionalidad clara, que no es otra que la privatización o la gestión indirecta de estos servicios, sin tener en cuenta para nada a los ciudadanos.
Los alcaldes siempre se han quejado de la falta de financiación que sufren los ayuntamientos...
Y con esta normativa vamos a peor. No se aborda para nada la financiación, y al final lo que va a pasar es que los ayuntamientos tendrán que prestar servicios de peor calidad o incrementar impuestos, lo que elevará la presión fiscal. Además, los ayuntamientos que tengan mayores problemas económicos, sobre todo los más pequeños, pasarán a depender de las diputaciones, con lo que muchos dejarán de existir.
¿En qué dirección debería caminar la reforma local?
Justo en la contraria. Habría que dar más competencias a los ayuntamientos con una financiación adecuada. Las diputaciones no tienen razón de existir en estos momentos, entre otros motivos porque juegan un papel clientelar más que otra cosa.
Sin embargo, algunas voces apuntan a que los ayuntamientos suponen una carga para las arcas del Estado...
No hay nada más alejado de la realidad. El Gobierno del PP favorece la gestión privada y al mismo tiempo nos señala como culpables de la recesión, cuando eso no es así. Del total del déficit público, los consistorios sólo suponen un 0,3%, y además somos los únicos que cumplimos con los criterios del ministro Montoro. En 2012, asimismo, 3.000 ayuntamientos acabaron con superávit.
¿Cuáles son las acciones que piensan acometer para oponerse a la reforma local?
El acto que llevamos a cabo en Madrid sirvió para visualizar que los alcaldes no estamos de acuerdo. Incluso muchos del PP están disconformes con los contenidos que se plantean. Es por ello por lo que queremos que se retire la propuesta del Gobierno, porque en caso contrario no nos quedará otra que acudir al Constitucional. Por un lado vulnera la autonomía local, y por otro entra en contradicción con el marco competencial de los estatutos de autonomía.

M.Vilaplana  www.diarioinformacion.com